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En días pasados fue aprobado en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca la protección a la intimidad de los colombianos mediante la restricción de las llamadas en horarios no hábiles.
Inicialmente este proyecto estaba orientado a poner en cintura a las instituciones bancarias que se excedían con sus labores de cobranza con plena libertad, pero finalmente controlará a todo tipo de entidad que “moleste” en horarios y frecuencias no permitidas.
Si nos situamos en la posición de cualquier ciudadano que en medio de su sueño sabatino es despertado por una llamada en la que un amable operador le ofrece un nuevo producto, nos sentiremos muy agradecidos con esta prohibición.
Pero si ahora miramos la posición en la que se encuentran todas aquellas entidades que a través de esos operadores buscan no solo vender nuevos productos, sino por ejemplo buscar que le respondan una encuesta, la situación se va matizando.
Por lo menos ese es el sentimiento que embarga a quienes nos sentimos solidarizados con la labor de los encuestadores, pues conocemos de primera mano la dificultad que representa convencer a alguien de abrir las puertas de su vida para hablar. Y es que eso de compartir la opinión porque es importante y ser la voz de todos aquellos que no pueden hablar, solo resulta convincente en boca de quienes con su persistencia logran ablandar los corazones más duros, con el fin de conseguir la anhelada información.
La pandemia nos mostró que podíamos aprovechar la hiperconectividad de la gente para aumentar la posibilidad de buscar encuestas remotas, pero ahora que estamos en un híbrido de normalidad, no hay tanto tiempo ni disposición para hacerlo como antes ¿o quizás nunca hemos tenido mayor disposición a responder encuestas?
Si bien es cierto que actualmente existe mucha información disponible proveniente del montón de formularios que a diario debemos diligenciar para acceder a descargar los resultados de salud, o para hacer una compra en línea, seguirá siendo necesario que se recoja data específica para investigaciones especiales, y seguirá siendo indispensable actualizar la información sociodemográfica de los colombianos para entender mejor su situación, percepción, creencias y actitudes. Esta data actualizada es la que permite que las políticas públicas que se formulen, reflejen la realidad y las necesidades del país.
Y aunque el gremio de encuestadores no sea tan visibilizado, y no se tenga una fuente confiable que indique cuántas personas trabajan actualmente haciendo encuestas en Colombia, en general se sabe que, dado el número de empresas que se dedican a hacer recolección de información, se emplea una cantidad significativa de personas para realizar esta labor.
Entonces ¿cómo hacemos para que no riña la búsqueda de información con los horarios disponibles de los informantes? Y ¿cómo evitar que los encuestadores se vean afectados en su trabajo? Difíciles preguntas, cuando lo que tenemos es una variedad de potenciales encuestados con diferentes oficios y por ende, con rutinas y espacios disponibles muy variados.
Ahora que la iniciativa “Dejen de fregar” sea sancionada como ley de la República, el MinTIC junto con la CNRC serán responsables de manejar un registro nacional de números telefónicos de personas que no deseen ser contactadas con fines comerciales o publicitarios, pero adicionalmente la Superfinanciera podrá imponer sanciones a las entidades que no respeten lo decretado.
A SEI y, en general, a quienes nos dedicamos a gestionar data para aportar información de valor, nos queda el reto de aunar esfuerzos con los investigadores responsables, para tender lazos que faciliten la comunicación respetando tiempos, disponibilidades y recursos de todos los actores que intervienen en el proceso de recolección de datos.